Quisiera compartir con los lectores una serie de reflexiones que suscitó en mí la lectura de un artículo publicado en la revista “Crisis” [1]. En él, la autora revela la existencia de una corriente de pensamiento que busca suprimir los valores morales y culturales de la civilización judeocristiana. Y el método utilizado consiste en vaciar de contenido su legado principal: los derechos humanos, cuya definición está siendo sutilmente modificada.

La señal de alarma saltó cuando los lectores de la revista holandesa Gay Krant interpusieron una demanda contra el Papa por las palabras pronunciadas con motivo de la provocativa manifestación gay que se organizó el pasado mes de julio en Roma. Juan Pablo II la había calificado de “ofensiva e insultante para los valores cristianos” [2].

La demanda se basaba en que dicho comentario constituía una discriminación e incitaba al odio a los homosexuales. El portavoz del Tribunal de Amsterdam ante el cual se presentó, declaró: “estudiaremos en qué medida esa incitación fue accesible al público holandés”. Sin entrar en el fondo del asunto, lo prejuzga como incitación al odio (tipificado como delito en Holanda), y limita la actuación judicial a estudiar si afecta a los propios nacionales. Finalmente, la demanda no prosperó, por el simple hecho de que el comentario se había realizado fuera del territorio sobre el que los tribunales ejercen su jurisdicción.

El caso no pasaría de ser una noticia extravagante si no fuera porque el Tribunal acaba dando a entender que este tipo de delitos podrían, en el futuro, ser planteados ante un órgano judicial para el que las fronteras territoriales no existan: el Tribunal Penal Internacional, que se pondrá en marcha cuando 60 países ratifiquen su Estatuto.

La idea de este tipo de Tribunal no es nueva; tiene como precedente el de Nüremberg, que juzgó los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su fin es evitar la impunidad de criminales amparados por leyes nacionales injustas, y resulta un modo muy eficaz de proteger los derechos humanos.

Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional podría suponer un arma de doble filo teniendo en cuenta los cambios sutiles que empiezan a afectar al concepto de los “derechos humanos”. En 1948, filósofos y políticos, guiados por el humanismo cristiano, contribuyeron a la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estaban convencidos de que es posible fijar un elenco de derechos común a todas las culturas, tradiciones y sistemas jurídicos del mundo. Jamás hubieran previsto que, tan sólo 50 años más tarde, la élite dirigente del mundo asistiera impasible (o activamente) a la degeneración de los fundamentos morales de la civilización occidental. Jamás hubieran imaginado que una nueva definición de esos mismos derechos los haría contrarios a los valores cristianos y al Derecho Natural, de los que se originaron. Y que estos cambios se introducirían sutilmente a través de organismos internacionales que eluden los métodos democráticos e imponen “normas de conducta” a nivel mundial.

Hoy, la guerra de poderes se juega en el campo de las palabras. Los textos internacionales recogen derechos en términos aceptables para todos los que deben ratificarlos, pero no incluyen su definición. De este modo, quien logra vaciar de su contenido originario un derecho y apropiarse de su nueva definición, puede imponer ideas y comportamientos a gobiernos, jueces y ciudadanos. Así, por ejemplo, a base de repetir el lema “los derechos de las mujeres son derechos humanos” (algo que resulta obvio porque la mujer es persona), el feminismo radical ha logrado introducir en este concepto el “derecho a la salud reproductiva de la mujer y la niña”, que incluye la anticoncepción y el aborto, haciéndolos, por tanto, acreedores de la “protección global”. En consecuencia, cualquier manifestación abiertamente contraria a los mismos, como la del personal sanitario o farmacéutico cuya conciencia le impide colaborar con esas acciones, ¿podría llegar ser juzgada por infringir derechos humanos?

Lamentablemente, esta misma indefinición de los términos se da en el Estatuto de Roma por el que se crea el Tribunal Penal Internacional. Un “descuido” peligroso, teniendo en cuenta que, pasando por encima de la soberanía nacional de los Estados, podrá recibir cualquier denuncia por infracción de derechos humanos que se interponga contra Estados, organismos o individuos.

El Estatuto prevé que el Tribunal juzgue crímenes contra la humanidad, delitos de genocidio, agresión, esclavitud sexual y embarazos forzados. Podría parecer que todos suceden en tiempos de guerra, pero no es así: en el ámbito de la ONU, es habitual oír al feminismo radical calificar el matrimonio de “construcción patriarcal que hace de las mujeres unas ‘esclavas domésticas’”; y el “embarazo forzado”, deleznable crimen de violación de mujeres civiles por soldados enemigos, ellas lo denuncian en los países donde el aborto no ha sido legalizado.

La imaginación nos puede llevar a muchos más juegos de palabras. El artículo que comento al inicio, recoge parte de una carta abierta de varias ONGs con gran peso representativo en la ONU, dirigida al Papa: “las opiniones y acciones de la Santa Sede referidas al SIDA, la educación sexual, la homosexualidad, la anticoncepción y el aborto, son vistas por muchas personas como una guerra que contribuye a muchos sufrimientos y muertes...”. De ahí a considerar las enseñanzas de la Iglesia un “crimen contra la humanidad”, no hay más que un paso. No en vano también este término es bastante ambiguo: “cualquier acto inhumano que cause serio perjuicio al cuerpo o la salud mental o física”.

Ésta no es más que una de las diversa manifestaciones del peligro que entraña una globalización que renuncie a los valores cristianos: se homogeneizan las leyes, se redefinen los derechos de la persona, y se someten gobiernos e individuos a los dictados de un poder difuso que ataca a la misma raíz del humanismo. ¿No resulta paradójico decir que el cristianismo es contrario a los derechos humanos, cuando en él encuentran su mismo origen?

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NOTAS

[1].“Stopping the International Criminal Court”, Mary Jo Anderson. “Crisis”, octubre 2000.

[2]. Antes de iniciar el rezo del Ángelus del domingo 9 de julio, el Papa pronunció las siguientes palabras:

“Ahora siento el deber de mencionar las conocidas manifestaciones que han tenido lugar en Roma en los últimos días: En nombre de la Iglesia de Roma, sólo puedo expresar una profunda tristeza por la afrenta al Gran Jubileo del Año 2000 y la ofensa a los valores cristianos de una ciudad tan querida en el corazón de los Católicos de todo el mundo.

La Iglesia no puede guardar silencio acerca de la verdad, porque entonces sería infiel a Dios Creador y no ayudaría a distinguir el bien del mal. Así pues, quisiera simplemente leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica que, después de indicar que los actos homosexuales son contrarios a la ley natural, afirma: `Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual; ésta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición” (CIC n. 2358).